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| Juan Pablo Rodríguez - Ex Secretario de Comunicación y actual Ministro de Gobierno de la Prov, de Salta |
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó recientemente su Informe Anual sobre la situación de la Libertad de Expresión en 2.014 en nuestro Región.
Respecto a la Argentina relevó una serie de casos que atentan contra la libertad de expresión, tales como agresiones, amenazas, intimidaciones y ataques contra periodistas y medios de comunicación; persecución judicial contra periodistas; declaraciones estigmatizantes hacia periodistas por partes de funcionarios del Gobierno Nacional; interceptaciones y espionaje; censura de material periodístico, etc.
Respecto de la Publicidad Oficial, la Relatoría relevó en su informe dos casos que podrían constituir el ejercicio de censura indirecta y que por lo tanto podrían comprometer la responsabilidad del Estado Argentino.
El primero de ellos tiene que ver con el programa "Fútbol Para Todos", y la investigación abierta contra funcionarios nacionales acusados del delito de malversación de caudales públicos.
El segundo caso relevado por la Comisión Interamericana involucra al Gobierno de la Provincia de Salta y a su gestión en el manejo de los recursos públicos destinados a publicidad oficial.
Se trata del caso "GONZA Juan c/ Poder Ejecutivo de la Provincia" que actualmente tramita en los tribunales de nuestra Provincia.
Censura Indirecta en Salta
A través de una acción judicial patrocinada por los abogados Alejandra Gonza, Luis Gonza y Gonzalo Guzmán Coraita, los periodistas Juan Gonza y Juan Gonza (h) denunciaron al Gobierno de la Provincia de Salta por la suspensión, reducción y posterior retiro total de la publicidad oficial a sus medios y por omitir regular la distribución de la publicidad oficial, bajo criterios objetivos, equitativos y transparentes.
Sobre este caso, la Relatoría recordó en su Informe que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos y que la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley.
El informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de CIDH puede consultarse aquí.
Seguiremos informando.
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