Ciudadanos salteños reclaman a los legisladores nacionales una ley de coparticipación

En una carta dirigida a los legisladores nacionales por Salta, ciudadanos salteños, solicitaron la presentación de un proyecto de Ley Convenio de Coparticipación que defienda y garantice los intereses provinciales, basada en criterios objetivos de reparto; que priorice el desarrollo sostenible, calidad de vida e igualdad de oportunidades.

En su presentación reclaman también la discusión de un proyecto de ley para proveer a la seguridad de las fronteras, en especial, las de la provincia de Salta, permeables al narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos y otros delitos del crimen organizado y la modificación del Reglamento del Senado a fin de incluir la regulación de las sesiones virtuales.

Firman la presentación María Pistone, DNI 24.138.997; María del V. García Gambetta, DNI 14.304.855; Rosario Alurralde Patrón, DNI 31.548.554; Rosario Solá, DNI 31.948.965; Lucila Fleming, DNI 28.681.863, Darío Arias, DNI 18.230.954, Roberto Manuel Sierra Solá, DNI 11.081.648; Alberto Rodríguez, DNI 22.219.710; Marisol Audo Gianotti, DNI 26.595.200; Iris Hernandorena DNI 11.330.053; Cristobal Muñoz Carlos Caro, DNI 26.485.173; Catalina Roca, DNI 33.428.808; Nicolás Dandrea Isasmendi, DNI 32.165.979; Felipe Pujol, DNI 25.662.057; Hernán Gonzalez Pondal, DNI 31.948.365; María Luisa del Campo, DNI 14.023.441; Pedro Roberto Rumi, DNI 10.167.462; Natalia Saravia Iramain, DNI 29.174.677; Rodrigo Schiopetto, DNI 22.212.602; Teresa Urdaneta, DNI 10.248.136; Adrán Singh, DNI 24.570.739; María Farrell, DNI 22.260.707; Javier Suaina, DNI 29.334.522, Enrique Martínez Luque, DNI 25.498.601; Noemí Yazle, DNI 16.307.33; José Miguel Gauffin, DNI 12.712.736; Laura Carolina García, DNI 22.428.671; Mariana Rovaletti Uriburu, DNI 23.316.464, entre otros.

Publicamos a continuación la carta completa.

Sres. Senadores Nacionales:

Somos un grupo de ciudadanos habitantes de la provincia de Salta, que con gran preocupación venimos advirtiendo el avasallamiento del orden democrático y republicano de gobierno.

Sentimos que vivimos de emergencia en emergencia, con violación profunda del orden constitucional, de su sistema republicano y federal y de los derechos y garantías individuales.

Para ello, basta analizar los innumerables DNU, que contradicen el espíritu del artículo 99 inciso 3 de nuestra Constitución Nacional, facultad que es de interpretación restrictiva, limitada y excepcional.

El mencionado artículo prescribe: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes….” El texto constitucional es claro, entendiendo que el Poder Ejecutivo avasalló las atribuciones del Congreso Nacional, cuyas Cámaras se encuentran en funcionamiento desde el 13 de mayo pasado. Lo que consideramos significa una profunda herida a nuestro sistema democrático federal y republicano de división y equilibrio de los poderes.

Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Nacional prohíbe al Congreso conceder al Presidente la suma del poder del público, facultades extraordinarias o sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esa naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulan, consienta o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Asimismo, queremos manifestar nuestra preocupación ante posibles vulneraciones de la Constitución Nacional y/o del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación (DR-1388/02 y sus modificatorias), solicitando su efectiva intervención para garantizar el estricto cumplimiento del procedimiento de sanción de leyes de la Nación; por ejemplo, en materia de mayorías, quórum, votación y uso de la palabra. Para lo cual, estimamos pertinente la modificación del Reglamento para incluir la regulación de las sesiones virtuales y/o remotas que vienen teniendo lugar conforme al Decreto de Presidencia Nro. 12/2020.

El contexto actual de crisis sanitaria, social y económica,  es una oportunidad para el cambio institucional que requiere el país y, por ello acudimos a vuestra intervención como representantes de la provincia de Salta.

En salvaguarda de las garantías individuales y la supremacía constitucional, apelamos a las atribuciones del Congreso Nacional, para recuperar la legitimidad democrática, el orden constitucional y la eficacia de las medidas destinadas a conjurar la emergencia.

Encontrándose en funcionamiento el Senado de la Nación, solicitamos que, en uso de las atribuciones del art. 75 inc. 2) de la CN, se formule un proyecto de Ley Convenio de Coparticipación que defienda y garantice los intereses provinciales, basada en criterios objetivos de reparto; que priorice el desarrollo sostenible, calidad de vida e igualdad de oportunidades.

En otro orden de cosas, ante la cercanía del cierre del ejercicio fiscal 2020, solicitamos que en uso de las facultades legislativas del art. 75 inc. 8) de la C.N. se incluya de manera oportuna en la agenda legislativa el debate necesario y previo a la aprobación de la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. En este punto, debido a la grave crisis sanitaria, económica y social que atraviesa nuestra provincia por la falta de recursos humanos y materiales en materia de salud, escasez de empleo, crisis en el sector privado, pobreza estructural, entre otros problemas sociales, consideramos oportuno que se analice la implementación del presupuesto participativo para la optimización del destino de los fondos públicos.

Por último, solicitamos se elabore un proyecto de ley para proveer a la seguridad de las fronteras, en especial, las de la provincia de Salta, permeables al narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos y otros delitos del crimen organizado (art. 75 inc. 16) de la CN).

Como afirma el constitucionalista Antonio María Hernández “ la emergencia no está por encima ni suspende la Constitución…Por el contrario, hay que pensar en el futuro, aferrándonos a la Constitución, para lograr la unión nacional y la vigencia de una democracia republicana y federal”.

Esperando su intervención en respuesta a nuestra inquietudes republicanas, saludamos a la Sra. Senadora de la Nación con distinguida consideración y respeto.